VISTO el expediente nº 89/03, iniciado por los Concejales de Iraola y Gorosito -Bloque Alianza-, que elevan proyecto de Resolución solicitando al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires la urgente derogación de la Ley 12.727 (Ley de Emergencia Administrativa);

que, la ley 12.727 de Emergencia Administrativa, Económica y financiera implementada por el Gobernador Felipe Solá;

que, dicha ley se destinó a allegar los fondos necesarios para pagar los intereses de la deuda contraída por la desastrosa administración del ex-Gobernador Carlos Ruckauf;

que, esto significó para los trabajadores estatales una reducción salarial del 24 % sólo en el 2002, el congelamiento de las asignaciones familiares (hoy cuatro veces menores a las que se cobran en la Nación), el estancamiento en la carrera administrativa, entre otras bondades, como así también la imposición del descuento del 13 % en los haberes superiores a 1.200 pesos mensuales que no serán reintegrados ni siquiera en bonos, como sí sucede en el orden nacional;

que, de esta normativa han sido excluidas las entidades financieras y sus acreencias se pagan en pesos (no en patacones) y sin descuentos de ninguna naturaleza;

que, Victorio Gualtieri, irónicamente bautizado en el ingenio popular como Duhaltieri, a pesar de ser un deudor incobrable del Banco Provincia al cual le debe 105 millones de pesos (la mitad de los cuales les fueron concedidos sin ninguna garantía) recibió en setiembre del año pasado cinco cheques por valor de $ 418.000.- El equivalente a 500.000 raciones para los comedores escolares;

que, el congelamiento salarial, que ya lleva 12 años, se justifica por la caída de recaudación pero fuentes gremiales afirman que existe una evasión estimada en 3.000 millones anuales debido a una deliberada política que tiende a favorecer a los grupos económicos más concentrados, entre ellos los Hipermercados, que pueden cancelar sus deudas con bonos que compran al 60 % de su valor y son recibidos por el gobierno al 140 %;

que, las moratorias generales que permiten a los evasores regular su situación sin pagar intereses, recargos ni multas, promueven el incumplimiento fiscal.- Hay coartada para eludir el pago de gravámenes;

que, el Instituto de Estudios e Investigación de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires, sobre la base de datos del INDEC, ha llegado a una alarmante conclusión: la indiferencia oficial ante la caída de los ingresos en el sector público ha determinado que el 31 % de los estatales provinciales se encuentren por debajo de la línea de pobreza y el 7 % sea indigente;

que, los docentes (75 % de pobres) han sido particularmente afectados por la modificación del Estatuto, las jubilaciones obligatorias sin liquidación de haberes por tiempo indeterminado, el recorte de las licencias y los pagos en negro disfrazados bajo la forma de “presentismo” y “compensación por material didáctico”; y

CONSIDERANDO que en la Novena Sesión Ordinaria llevada a cabo el día 8 de agosto de 2003, este Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el mencionado proyecto de Resolución;

por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona la siguiente

R E S O L U C I O N

ARTICULO 1º: Solicítase al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires la urgente derogación de la Ley 12.727.- (Ley de Emergencia Administrativa).-

ARTICULO 2º: Solicítase la adhesión a la presente Resolución a los Honorables Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTICULO 3º: Comuníquese al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los Concejos Deliberantes de la Provincia y al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Oficial, cúmplase, publíquese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil tres.-

RESOLUCION Nº 21/03.-