PROYECTO DE RESOLUCIÓN

VISTO, los incrementos en las tarifas ya aprobados para el año 2019, a partir de diferentes marcos regulatorios, aplicables a los servicios de energía eléctrica y gas, los cuales se suman a los incrementos establecidos a partir de las modificaciones tarifarias, establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Energía y Minería de la Nación desde febrero de 2016; y

CONSIDERANDO: 

Que, los aumentos autorizados por el Gobierno Nacional resultan desproporcionados con respecto a los ingresos promedio de los hogares, comercios, PyMES, y diferentes actividades económicas para las que estos servicios son esenciales;

Que, resulta necesario y urgente dictar una norma para frenar la desmesura en los incrementos de las tarifas de los servicios públicos ya que las medidas económicas decididas por el gobierno han traído como consecuencia, entre otras, la imposibilidad para millones de usuarios de hacer frente al pago de estos servicios, no sólo por el empobrecimiento de la población sino también porque los aumentos son totalmente desproporcionados a los ingresos;

Que, el presidente de la Nación Mauricio Macri decretó la emergencia nacional del sector eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2017 a través del Decreto 134/2015 y luego en febrero de 2016 amplio este plazo a través del decreto 367/2016, así marcó un camino de aumentos de tarifas que continua actualmente y se anuncia también para el futuro, aumentos desfasados de la evolución del poder adquisitivo y del poder de pago de los usuarios;

Que, las políticas tarifarias deben seguir criterios de equidad para no dañar la demanda efectiva, los incentivos al aumento de la inversión y la productividad y la viabilidad económica de las pequeñas y medianas empresas, eje desde donde parte cualquier estrategia de cambio estructural virtuoso;

Que, los incrementos en las tarifas deben ser justos y accesibles para la población en general y también para todos los emprendimientos productivos en particular, ya que estos últimos son generadores de puestos de trabajo en nuestra comunidad y el aumento desmedido atenta contra el crecimiento de estos;

Que, es de público conocimiento el impacto negativo que el aumento de tarifas de energía eléctrica, gas natural, y gas envasado ha tenido en Saladillo, afectando a comerciantes, empresarios y vecinos que afrontan con dificultad no sólo estos incrementos sino también el aumento del costo de vida en general;

Que, es necesario legislar en relación a tarifas, teniendo como principio que el acceso y consumo de energía eléctrica y gasestán considerados derechos humanos que garantizan y aseguran condiciones de vida saludables y dignas para toda la población reconocidos esto en nuestra Constitución Nacional y en pactos y tratados internacionales reconocidos por ella, por lo que de ninguna manera el Estado debe promover políticas de mercado que protejan los intereses de las empresas en relación a la provisión de estos servicios;

Que, por ello las empresas prestatarias de servicios deben cumplir con las inversiones exigidas para brindar la prestación adecuada, dando cuenta de ello ante los organismos de control del estado previo a la distribución de los dividendos;

Que, por lo antes mencionado se debe frenar el aumento tarifario, impedir los cortes de cualquiera de ellos por falta de pago durante los años 2016 – 2017 – 2018, generado por costos inalcanzables para los consumidores;

Que, desde los cuerpos legislativos nacionales, provinciales y municipales se vienen trabajando intensamente desde el año 2016 para promover marcos regulatorios que reviertan la situación tarifaria que enfrenta la población a raíz de una política energética y de servicios totalmente mercantilizada y alejada de una concepción humanitaria de los servicios;

Que, finalmente queremos resaltar que la política tarifaria llevada adelante por este gobierno es contraria a lo sostenido por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su Observación General Nº 4: El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del pacto), sexto periodo de sesiones 1991, U.N. Doc.E/1991/23, establece que los gastos relacionados con la vivienda adecuada no deben ni impedir ni comprometer el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas y que el porcentaje de los gastos de vivienda deben ser, en general, conmensurados con los niveles de ingresos;

Que, por todo lo antes mencionado los aumentos tarifarios que se determinen en nuestro país, deben seguir los criterios equidad distributiva y sustentabilidad productiva, asegurando la accesibilidad de todos los argentinos;

Por todo ello el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana en uso de sus facultades, propone el siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de Saladillo solicita la sanción del Proyecto de Ley presentado por Diputados Nacionales del Bloque FpV – PJ en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación el día 6 de febrero de 2019. El proyecto propone retrotraer las tarifas en los servicios serviciode energía eléctrica ygas al 31 de diciembre de 2018, y la devolución de los importes que resulten excedentes.

ARTICULO 2°: Remitir copia de este Proyecto de Resolución a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires a los efectos de que se sancione a nivel provincial una normativa de igual forma y en el mismo sentido, incorporando a todas las prestadoras de servicios del interior de la provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 3°: Los vistos y considerandos forman parte de la presente resolución.

ARTICULO 4º: Elevar copia a los Honorables Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires solicitando su adhesión.

ARTICULO 5º: De forma.