VISTO

Que el día 30 de abril de 2024, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la Ley De Bases y Puntos De Partida Para La Libertad de los Argentinos y el Régimen de Regulación Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad social, las cuales tiene un carácter inédito en la Argentina dado que introducen modificaciones  y derogan numerosas Leyes que representan derechos adquiridos por nuestros/as ciudadanos y ciudadanas, y;

 

CONSIDERANDO

Que la denominada Ley Bases contiene un paquete de derogaciones y modificaciones de leyes, medidas y decisiones administrativas que dejan en la incertidumbre a ciudadanos, consumidores y PYMES; que conllevan un deterioro significativo en la  calidad de vida y derechos de los trabajadores y trabajadoras, que busca debilitar la organización de los trabajadores; el ahogamiento productivo del país; y la pérdida de soberanía en materias estratégicas.

Que cada una de las modificaciones y derogaciones de estas leyes implican   un grave retroceso en los derechos conquistados a lo largo de nuestra historia, como así también un avasallamiento al Estado de Derecho.

Que, la batería de Leyes que se pretenden modificar y derogar, afectan profundamente y de forma regresiva, numerosos aspectos de la vida de los habitantes de nuestro país, en tanto constituyen desregulaciones de los mercados privados y una atroz desprotección a las personas.

Que, la ley propone la privatización de empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas, ENARSA, Radio y Televisión, Intercargo, AySA, Correo, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales y sólo parcial de Neuroeléctrica Argentina y el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, lo que implica una clara pérdida de soberanía nacional y entrega del patrimonio a grupos económicos

Que, introduce el RIGI (Régimen Impositivo a las grandes inversiones), a través del cual se otorga excesivos beneficios tributarios y cambiarios durante 30 años para quienes inviertan un mínimo de 200 millones de dólares, sin ninguna exigencia.

Que, pone en riesgo la industria local y sus puestos de trabajo al facilitar la importación de bienes que compiten con lo nacional.

Que, impulsa una reforma laboral con modificaciones que implican retrocesos para los derechos de las y los trabajadores:

  • Elimina sanciones a empleadores, por contratar trabajadores no registrados (en “negro”) o retener contribuciones patronales.
  • Crea la figura de” monotributista con 5 colaboradores” sin relación de dependencia.
  • Habilita la creación de “Fondos de Cese Laboral”, a través del cual el empleador destinaría una parte del sueldo del trabajador para que esté disponible una vez que finalice el vínculo laboral.
  • Elimina la responsabilidad solidaria por tercerizar trabajadorxs.
  • Permite “blanquear” trabajadorxs sin exigencias.
  • Incrementa el período de prueba hasta 1 año.
  • Habilita el pase a disponibilidad de trabajadorxs estatales por 12 meses con la posibilidad de luego despedirlos.

Que, deroga la Moratoria Previsional, e incorpora la figura de Retiro Proporcional para personas que tengan 65 años de edad pero no cumplan con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación mínima. Esto implica que, de aprobarse la Ley, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones no podrán jubilarse a los 65 años y tendrán que optar por alternativas que no llegan a la jubilación mínima, suma que ya no alcanza siquiera a cubrir la canasta básica de alimentos.

Que, la reforma fiscal reduce el impuesto a los bienes personales para el decil más rico del país y habilita procedimientos débiles para el blanqueo de capitales. Mientras tanto, restablece el impuesto a las ganancias para los sectores medios

Que, la presentación de ambos proyectos tienen como consecuencia una reforma legal que consagra la desigualdad social. De un lado, beneficios para las grandes corporaciones -nacionales y extranjeras- y, del otro, perjuicios para quienes dependen de sus ingresos en pesos, especialmente la población trabajadora y jubilada.

Por lo expuesto, el Bloque de concejales y concejalas de Unión por la Patria presenta el siguiente proyecto de

 

RESOLUCIÓN

 

ARTÍCULO 1º.-   Manifiéstese el más enérgico repudio a la Ley De Bases y Puntos De Partida Para La Libertad De Los Argentinos y Régimen de Regulación Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, ya que profundiza la vulneración de todos los derechos conquistados por los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, y pone en riesgo la soberanía de nuestra tierra y nuestros recursos naturales.

ARTÍCULO 2º.- Solicitase a la Cámara de Senadores de la Nación el rechazo a la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y Régimen de Regulación Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social.

ARTÍCULO 3°. Remítase  la presente declaración a las autoridades de la Honorable   Cámara de Senadores de la Nación, y a los bloques que tienen representación en dicha cámara.

ARTÍCULO 4°. De forma.-

 

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