VISTO el expediente N° 159/2024, iniciado por el Bloque de Concejales de Unión por la Patria, que elevan proyecto de Resolución expresando repudio al anuncio del Gobierno Nacional sobre despidos en la Secretaría de Protección contra la Violencia de Género;
que, el anuncio del Gobierno Nacional expresa que el próximo 30 de junio, más de 500 personas (que representan más del 80% de la planta total de trabajadores/as) van a ser despedidas de la Secretaría de Protección contra la Violencia de Género, ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades;
que, esta Secretaría tiene a su cargo desarrollar políticas integrales para prevenir los femicidios, gestionar la Línea 144 y asistir a víctimas de violencias machistas y a sus familiares;
que, la existencia de áreas destinadas a las políticas de género y diversidad, responden a un mandato constitucional, en cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que está incorporada a la Constitución Nacional;
que, Argentina adhiere a la Convención de Belén do Pará, siendo este el primer tratado internacional en reconocer que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y establece obligaciones para los 32 Estados de América Latina y el Caribe;
que, esta determinación vulnera la Ley N° 26.485 de Protección Integral contra la violencia hacia las mujeres sancionada por el Congreso Nacional en el año 2009, en cumplimiento de la Convención de Belén do Pará, que establece que el Poder Ejecutivo debe tener órgano rector para diseñar y articular con las Provincias y los Municipios políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género;
que, en el Boletín Oficial el Decreto N° 86/2023, el día 27 de diciembre de 2023, el organismo en cuestión pasó a ser Subsecretaría bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. En el mes de mayo, por el Decreto 450 y 451/2024, el Gobierno realizó una nueva transferencia, en este caso al Ministerio de Justicia. La realidad es que, como parte de la reestructuración ministerial que llevó a cabo el actual Gobierno Nacional, es que la Subsecretaría, ya se había visto reducida significativamente en los últimos tiempos, con la disminución de recursos y personal;
que, por medio de un comunicado oficial del Ministerio a cargo del Dr. Cúneo Libarona, se dispuso el cierre definitivo de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, basado en los resultados de la auditoría interna que se habría llevado adelante donde su titular, Claudia Barcia, fiscal especializada en Violencia de Género de la Ciudad de Buenos Aires, presentó la renuncia en el contexto de un femicidio diario;
que, resulta relevante saber el contenido de esta auditoría llevada adelante y cuál fue el resultado que lleva al cierre definitivo de un área sensible, fundamental para la sociedad y los tiempos en los que vivimos. Es imprescindible que ante cada anuncio que se hace desde el gobierno, se detallen la información sobre la que se basan las decisiones, información que es de carácter público de acuerdo a Ley 27.275, como sujeto obligado de la Ley de Acceso a la Información Pública;
que, la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género (ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades) es la única institución que quedaba en pie en el Ejecutivo Nacional para combatir la violencia por razones de género y prevenir los femicidios;
que, uno de los compromisos asumidos por los Estados fue el fortalecimiento de la institucionalidad para dar respuestas a esas problemáticas estructurales;
que, consagra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y establece compromisos internacionales para el Estado argentino en la materia;
que, contar con un Ministerio de Género ha sido el resultado de la lucha de décadas del movimiento mundial de mujeres y sobre todo del movimiento feminista argentino, de las mujeres organizadas que han exigido al Estado que adopte políticas públicas con perspectiva de género, que promulgue y respete una legislación que permita garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, pero sobre todo tomen en cuenta la particular situación de mujeres en términos de discriminación, desventajas y de necesidades específicas;
que, los programas de abordajes de las violencias, la promoción de la igualdad en la diversidad, la aplicación de la Ley Micaela, de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, de la Ley de Identidad de Género, entre otras, así como el acompañamiento económico para que las víctimas puedan salir de las situaciones de violencia, son imprescindibles y vitales;
que, el Gobierno está obligado a tener un área específica, de acuerdo con la Ley 26.485 de “Protección Integral a las Mujeres”, sancionada por el Congreso en 2009. El artículo 8° de la citada ley, establece la creación de una autoridad competente para aplicar la ley y el impulso de políticas públicas y de las obligaciones internacionales;
que, dejar de tener un área especializada en el gobierno nacional significa un retroceso porque los derechos tienen que ser progresivos, como señala la Convención de Belén do Pará y todos los documentos internacionales;
que, es una medida anti derechos, que desconoce los derechos humanos de las mujeres, las necesidades específicas de las mujeres, y las tremendas desigualdades que deben cambiar para lograr relaciones de equidad e igualdad de derechos y oportunidades;
que, es muy grave crear un precedente que es contrario a tratados internacionales suscriptos por el país;
que, Argentina, que venía teniendo en los últimos años un rol de liderazgo en los foros internacionales con relación a la agenda de derechos de las mujeres y diversidades, desde que asumió el Presidente Javier Milei muestra el cambio de perspectiva hacia una mirada que cercena derechos;
que, esta Resolución representa un retroceso institucional que deja, por primera vez desde 1992, fecha de creación del Consejo Nacional de la Mujer, al país y la ciudadanía en general sin un organismo responsable de la ejecución de políticas públicas que promueven la igualdad, vidas libres de violencias y sin discriminación;
que, desfinanciar la asistencia y protección a las personas en situaciones de violencia por razones de género en este contexto de crisis social, económica, ocupacional y habitacional, mientras los discursos de odio, la discriminación y el ataque a la diversidad de sexo genérica son amplificados desde el discurso oficial, constituyen decisiones políticas del gobierno de Javier Milei que ponen en riesgo la vida de las personas e implican el abandono de la responsabilidad estatal de proteger los derechos humanos; y
CONSIDERANDO que en la Octava Sesión Ordinaria, llevada a cabo el día 25 de Junio de 2024, se aprobó por mayoría el despacho de la Comisión de Desarrollo Social, Género, Diversidad y Derechos Humanos, que aconseja sancionar el mencionado proyecto con modificaciones;
por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona la siguiente
R E S O L U C I Ó N
ARTÍCULO 1°: Expresar el repudio al Gobierno Nacional por el anuncio del despido de más de 500 trabajadores/as de la Secretaría de Protección contra la Violencia de Género, ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, lo que representa la intención de desfinanciar políticas públicas de prevención y asistencia de situaciones de violencia por razones de género.-
ARTÍCULO 2°: Solicitar al Gobierno Nacional deje sin efecto el despido de más de 500 trabajadores/as de la de la Secretaría de Protección contra la Violencia de Género, ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades.-
ARTÍCULO 3°: Solicitar al Ministro de Justicia de la Nación, Dr. Mariano Cúneo Libarona, brinde información sobre la decisión expresada en el comunicado oficial emitido por dicho Ministerio el día 7 de junio de 2024 donde se anuncia el cierre definitivo de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, como resultado de la auditoría efectuada.-
ARTÍCULO 4°: Solicitar al Ministro de Justicia de la Nación, Dr. Mariano Cúneo Libarona, brinde información sobre qué áreas de gobierno serán las encargadas de continuar con las funciones y políticas públicas que legalmente estaban a cargo del anterior Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades y de la actual Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.-
ARTÍCULO 5º: Solicitar a la Cámara de Diputados de la Nación el pronto tratamiento al proyecto de Resolución 3004-D-2024 que se dirige al Poder Ejecutivo Nacional para que, en los términos del artículo 100° inciso 11 de la Constitución Nacional brinde información sobre la decisión expresada en el comunicado oficial emitido por dicho Ministerio de Justicia el día 7 de junio de 2024 donde se anuncia el cierre definitivo de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, como resultado de la auditoría efectuada.-
ARTÍCULO 6°: Comunicar al Gobierno Nacional; al Ministro de Justicia de la Nación, Dr. Mariano Cúneo; a la Cámara de Diputados de la Nación y al Departamento Ejecutivo, dar al Registro Oficial, cumplir, publicar y archivar.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil veinticuatro.-
RESOLUCIÓN N° 26/2024.-