VISTO el expediente N° 123/2026 iniciado por el Bloque Fuerza Patria, quien eleva proyecto de Resolución expresando repudio a los recortes, desfinanciamiento y vaciamiento del P.A.M.I.;

que, las sucesivas medidas de recorte y ajuste implementadas por el Gobierno Nacional desde el año 2024 sobre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), afectan gravemente el acceso a la salud, la provisión de medicamentos, prestaciones médicas, insumos y políticas sociales destinadas a los jubilados y pensionados de todo el país;

que, a fines de 2024 se eliminó el vademécum de medicamentos esenciales gratuitos que era universal para todos los afiliados y afiliadas del instituto, el cual permitía acceder de manera igualitaria a 3.200 medicamentos de consumo habitual para los adultos mayores, representando un ahorro real en el bolsillo de las personas mayores;

que, se limitó la cobertura al 100% mediante un subsidio social con requisitos sumamente restrictivos: cobrar menos de un haber y medio jubilatorio, no poseer medicina prepaga, no tener un vehículo de menos de 10 años de antigüedad y no tener más de dos propiedades, dejando fuera de la cobertura plena a una gran cantidad de afiliados;

que, numerosos medicamentos fueron eliminados de la nómina de fármacos que podían cubrirse al 100%, y que el aumento abrupto y continuo en el precio de los mismos torna imposible su adquisición para aquellos que solo cuentan con una cobertura del 40% o 50%, dado el nivel de ingresos de los jubilados;

que, se registran demoras de entre 1 y 3 meses en la autorización de medicamentos que requieren auditoría de Nivel Central, tales como insulinas especiales, medicamentos oncológicos, oftalmológicos intravítreos, de riesgo cardiovascular y para dificultades respiratorias, interrumpiendo tratamientos y poniendo en riesgo la salud y la vida de los afiliados;

que, la Resolución 1107/2026 modificó el esquema de ingresos de los médicos de cabecera del PAMI, eliminando los honorarios por consulta atendida y los incentivos por atenciones presenciales, dejando únicamente el pago por cápita, lo cual disminuye significativamente los ingresos de los profesionales y pone en peligro la atención primaria de salud que reciben los afiliados;

que, los odontólogos se encuentran en situación de alerta ante la falta de pago de sus honorarios y la ausencia de respuestas oficiales, lo que ha llevado a la suspensión de prácticas y atención a los afiliados;

que, se redujo la provisión de anteojos a un par de lentes para visión lejana y otro para visión cercana cada dos años, cuando anteriormente la cobertura era anual, y que además las ópticas mantienen deudas impagas por parte del PAMI, lo cual ha paralizado la entrega de lentes;

que, no se están entregando elementos de fisiatría tales como sillas de ruedas, camas ortopédicas y colchones antiescaras para los afiliados en situación de dependencia o con necesidades de salud que requieren de dichos elementos para desarrollar su vida cotidiana;

que, se registran problemas en la entrega y la calidad de los pañales, con múltiples reclamos por falta de entrega a domicilio y deterioro de la calidad del producto;

que, se limitó severamente la libertad de elección de prestadores por parte de los afiliados, retornando a la figura de la cápita y del prestador de referencia, limitando la atención y eliminando la posibilidad de elegir libremente al prestador de salud;

que, se establecieron nuevos topes en las recetas y órdenes médicas que pueden emitirse por mes y por año, restringiendo el acceso a la atención médica de los afiliados;

que, se eliminaron las políticas sociales y recreativas del PAMI, incluyendo los viajes gratuitos, el programa alimentario y las actividades recreativas, entre otras prestaciones que contribuían a la calidad de vida de los adultos mayores;

que, estas medidas generan un mayor gasto de bolsillo para los jubilados en un contexto de ingresos limitados, la interrupción de tratamientos médicos especialmente en enfermedades crónicas, una profundización de la desigualdad en el acceso a la salud y el deterioro general del sistema de atención;

que, estas políticas representan un retroceso en el principio de acceso universal a la salud y constituyen una vulneración de los derechos consagrados en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, particularmente en lo referido al derecho a la salud;

que, estos recortes se inscriben en una política general de reducción del gasto público que impacta de manera directa y regresiva sobre los sectores más vulnerables de la sociedad; y

CONSIDERANDO que en la Quinta Sesión Ordinaria, llevada a cabo el día 19 de mayo de 2026, este Honorable Cuerpo aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Salud Pública, Ecología y Medio Ambiente, que recomienda sancionar el mencionado proyecto con modificaciones;

por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona la siguiente

R E S O L U C I O N

ARTÍCULO 1°: Solicitar informe respecto a los recortes, el desfinanciamiento y vaciamiento del PAMI implementado por el Gobierno Nacional, que afecta a las prestaciones destinadas a los jubilados y pensionados.-

ARTÍCULO 2°: Instar al Gobierno Nacional y a las autoridades del PAMI a revertir de manera inmediata las medidas de ajuste adoptadas, garantizando el pleno acceso a la salud y a las prestaciones que corresponden a los afiliados y afiliadas del instituto, en cumplimiento de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.-

ARTÍCULO 3°: Comunicar al Poder Ejecutivo Nacional; al PAMI; al Ministerio de Salud de la Nación; a la Defensoría del Pueblo de la Nación; y al Departamento Ejecutivo, dar al Registro Oficial, cumplir, publicar y archivar.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veintiséis.-

RESOLUCIÓN  N° 14/2026.-